PILAR DIAZ
EL UNIVERSAL
La muerte del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira
estaba anunciada. El trabajo realizado hace cinco años
le permitió sobrevivir por un tiempo _hasta el 5 de enero_,
pero ya las autoridades sabían que uno de los mayores problemas
era el estribo de Caracas, justamente en donde se encuentra
el barrio Nueva Esparta, por el empuje que éste venía
haciendo.
A lo largo de 47 años _desde la caída de la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez_ los gobiernos han permitido,
de la manera más populista, pues al fin y al cabo los
votos eran más importantes, que la gente más necesitada
resolviera su problema de vivienda invadiendo y levantando
su casa sin importar el tipo de terreno y el daño que
pudiera causar ese crecimiento anárquico.
La premura de un posible desastre _dado por el movimiento
de la ladera_ obligó a las autoridades a enseriar la
orden de desalojo de la montaña. Y como siempre, muchos
de los vecinos creían que iba a ser una arenga más
y dejaron para última hora la búsqueda de su salida
habitacional.
Sin duda que en todo este retraso no se puede pasar por
alto la rigidez de los organismos gubernamentales que
no aceleraron _y todavía presentan esas fallas_ los
procedimientos de censo, entrega de documentos, avalúos
de nuevas viviendas y por último entrega de los cheques.
El desalojo de Nueva Esparta apenas es una muestra.
Según el informe de la Gerencia de Riesgos de la
Corporación de Servicios Municipales solamente
en el Municipio Libertador existen aproximadamente 39.440
viviendas localizadas en áreas inestables y en
situación de riesgo latente.
Sin duda eso significa activar la construcción
de viviendas a ritmo acelerado pues el mercado secundario
no va a resolver la necesidad exis tente.
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