Caracas.- La directora de actuación procesal, Luisa Ortega Díaz, expuso en rueda de prensa el plan operativo del Ministerio Público para las elecciones presidenciales del 3 de diciembre, asegurando que ese organismo "no hace distinción para nadie. La persona que obstruya el ejercicio del voto, la persona que por alguna razón altere el orden público, los candidatos, los jefes de campaña, serán aprehendidos en flagrancia", aseguró.

Aclaró que los funcionarios que gocen del beneficio del antejuicio de mérito no pueden ser aprehendidos en flagrancia, pues las leyes establecen un procedimientos especial para ellos.

Recordó que los delitos y las faltas electorales están establecidos en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Explicó que los delitos pueden ser cometidos por tres sujetos distintos: Dos sujetos calificados (funcionarios electorales y los candidatos y miembros de campaña) y un sujeto genérico (electores).

En cuanto a los delitos que pudieran cometer funcionarios electorales, mencionó algunos de ellos, entre los que destaca la negativa de firmar el acta electoral.

"Si una persona adquiere la responsabilidad de miembro de mesa, por ejemplo, no puede decir sorpresivamente decir que no va a firmar el acta que se levanta, una vez concluida la actividad de la mesa. Si se niega a hacerlo puede ser aprehendido en flagrancia", indicó.

Ortega también explicó que otro de los casos más frecuentes tiene que ver con el hecho de que un funcionario abandone su lugar de trabajo sin explicar el motivo de retiro, además de la sustracción de material electoral. Ambos actos son tipificados como delito.

Aclaró que hay las faltas cometidas por los jefes de campaña, candidatos o cualquier particular, deben ser procesados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así como han expresado los rectores del organismo comicial, la Fiscal reiteró que para poder ejercer el derecho al voto el ciudadano debe utilizar la máquina captahuella. "No usarla no es un delito, pero si no lo hace la persona no puede votar".

Se refirió a la resolución del Ministerio de Interior y Justicia que prohíbe las reuniones durante las elecciones, señalando que "está en franca armonía con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". 

Recalcó que: "ningún ciudadano durante la vigencia de esa resolución puede hacer eso".

La funcionaria explicó que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en 1999, al Ministerio Público se le otorgó el rol de garante de la constitucionalidad y las leyes, por lo que su función es la de garantizar que los ciudadanos tengan "absoluta libertad de acción y decisión, para que no tengan obstáculos a la hora de ejercer su derecho al voto".

 Indicó que se desplegarán 681 fiscales principales y auxiliares a lo largo de todo el país, adicionales a los fiscales de guardia. Asimismo, precisó que cada una de las regiones será coordinada por el fiscal superior de la zona.

Además, de las guardias en las comisarías y las guardias en flagrancia, se cumplirá guardias en los centros designados por el Cufan para llevar a cabo los procedimientos por aprehensión en flagrancia cuando se interpongan denuncias.

Al ser consultada sobre las personas que coaccionen a otras a votar, Ortega destacó que esta acción también es un delito. "En el caso de el Ministerio Público eso no ocurre. Si alguien tiene conocimiento de que eso está ocurriendo o tienen alguna denuncia hago un llamado para que acudan a la Dirección General de Actuación Procesal para que denuncien ese hecho".

Ortega Díaz recordó que el Ministerio Público siempre despliega planes operativos durante los eventos electorales para garantizar los derechos fundamentales y destacó que particularmente en los últimos comicios la participación de ese organismo ha sido muy activa.

A juicio de la funcionaria, el Ministerio Público se convertirá en "garante" del proceso electoral del tres de diciembre, para que las personas puedan ir a votar en paz y tranquilidad._NJM / ICFA