Quito.-  El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió hoy que podría desatarse una especie de "guerra civil" entre comunidades asentadas en zonas mineras y las empresas que explotan los yacimientos.

Correa, en su habitual programa radial sabatino, anunció que en los próximos días emitirá un decreto de "movilización nacional" de la fuerza pública, para atender el "gravísimo" problema minero, así como para combatir el contrabando de combustibles, reseñó Efe.

"El problema minero es gravísimo y tenemos sectores donde estamos al borde de una guerra civil", remarcó Correa, tras admitir que se han producido graves enfrentamientos entre pobladores y empresas mineras.

En Ecuador existen más de 3.700 concesiones mineras.

"Todo el país está concesionado" y, en algunos lugares, los alcaldes "tienen que pedir permiso a las mineras para hacer alcantarillado. Eso es un absurdo", remarcó Correa.

Aseguró que el conflicto proviene de una ley aprobada en 1990, que alentaba las concesiones mineras, pero señaló que esos negocios en los últimos 16 años han reportado al Estado apenas 22 millones de dólares.

"No hemos recibido ningún beneficio de eso (la minería), ni el Estado ni la población, y eso va a tener que ser desmontado", apuntó el mandatario, e indicó que la Asamblea Constituyente que promueve su gobierno deberá cambiar las leyes mineras.

Reiteró que en su administración se creará el "Ministerio de Minas", tras señalar que la ley que alienta las concesiones mineras fue elaborada con un crédito del Banco Mundial, el cual será revisado por su gobierno, que cree que ese préstamo es parte de una "deuda ilegítima".

Correa dijo, asimismo, que el decreto de movilización de la fuerza pública también intentará frenar el contrabando de combustible hacia países vecinos como Colombia, Perú, e incluso a Panamá.

Aseguró que entre 2004 y 2005, durante el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez, se presentó una crisis por el contrabando de combustibles, ya que en ese periodo la importación de gasolinas, en volumen, "creció 40 por ciento, cuando la economía creció sólo el tres por ciento".

"Eso es inaudito", afirmó Correa, y remarcó que, "es claro" que ese aumento de la importación de carburantes no se dirigió a atender la demanda interna, "sino para el contrabando".

Correa indicó que el decreto de movilización intentará evitar que grupos mafiosos embarquen el combustible subsidiado por el Estado, para venderlo como contrabando a países como Perú y Panamá, donde el coste de las gasolinas es mucho mayor al de Ecuador.

"Eso no lo vamos a tolerar más", apostilló Correa, a tiempo de afirmar que se calcula que el contrabando de combustibles perjudica al país entre 300 y 500 millones de dólares anuales.

Recordó que el problema del contrabando de combustibles fue analizado recientemente por el Consejo de Seguridad Nacional y dijo que hay "un plan coordinado" entre el Ministerio de Energía, la empresa estatal Petroecuador y las fuerzas militares, que busca "capturar" a los contrabandistas.