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Cooperativas fuera de la Ley

Sólo en el área de barrido, las cooperativas han subcontratado en el municipio Libertador a unas 1.200 personas bajo condiciones laborales paupérrimas e ilegales (Kisai Mendoza)
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Muchas veces se utiliza esta figura para conculcar derechos laborales

Javier Brassesco

El Universal

La ley, hermosa, asegura que las cooperativas se basan en "valores de ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad". Y que sus miembros promueven los "valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con los demás" (artículo 3 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, 2001). En la calle, la realidad es otra.

En la práctica las cooperativas se han convertido, en algunos casos, en instrumento de explotación a los trabajadores, en un recurso del que los empleadores echan mano para esquivar sus obligaciones laborales y conculcar los derechos de las personas a quienes contratan.

Doce de las veintidós parroquias del municipio Libertador son barridas por obreros que a su vez fueron contratados por una cooperativa, que a su vez recibe un pago de la Corporación de Servicios Metropolitanos, ente descentralizado de la Alcaldía Libertador. 40 cooperativas, unas 1.200 personas para barrido, limpieza de quebradas y pintura de fachadas.

Para explotarte mejor

En un principio (es el espíritu del cooperativismo) la cooperativa no podía contratar empleados salvo casos especiales. Quienes la formaban eran sus propios trabajadores. A partir de 2001 (explica el experto en Derecho laboral Carlos Sainz Muñoz) puede hacerlo, pero a los seis meses ese empleado puede decidir si pasa a ser socio o prefiere retirarse, previo pago de sus prestaciones sociales.

Pero a estos trabajadores los contratan por tres meses o menos para evitar que pasen a ser socios o se generen compromisos por antigüedad, y además laboran sin seguro médico y no les cancelan bono de alimentación (cesta tickets) aun cuando muchas de estas cooperativas tienen a más de veinte trabajadores a su servicio, violándose así la Ley del Trabajo.

Una trabajadora de la cooperativa Sol Naciente, que barre las calles de San Bernardino, explica que ella ya tiene más de un año trabajando para la misma. No sabía ("nadie me había dicho") que luego de seis meses tiene derecho a elegir si se convierte en asociada o no. Tampoco sabe ("no nos han dicho") cuándo comenzarán a pagarle el aumento del sueldo mínimo vigente a partir del primero de mayo. Sabe, sí, que hasta nuevo aviso seguirá cobrando trescientos veinte bolívares cada quincena, que no tiene seguro médico ni transporte y que en su vida le han dado un cesta- ticket. Y que su único uniforme es una franela roja.

A pesar de todo se siente una persona afortunada porque tiene empleo desde hace más de un año, y ha oído de cooperativas que contratan a sus obreros por menos de un mes. "Les dicen veintiocheros", cuenta.

Mayra Fonts trabajó en una cooperativa que rendía cuentas a la Alcaldía Mayor (que, según asegura Florentino Rodríguez, presidente de la Corporación de Servicios Metropolitanos, ya no contrata cooperativas para el barrido) y luego en otra de la Alcaldía Libertador, y explica las diferencias: "Con Barreto no nos pagaban la primera semana, sólo a partir de la segunda. A fin de mes, si uno todavía estaba allí, nos daban ese pago atrasado. Allí trabajé barriendo las calles de San José. Luego estuve en otra cooperativa que trabajaba para Libertador, y nos llevaban en un camión para donde fuera menester: a la avenida Bolívar después de un mitin de Chávez, a Los Próceres, al Fuerte Tiuna. En ninguna tuve seguro ni bono de alimentación".

Las alcaldías prefieren mirar para otro lado, total ellas sólo tienen trato con la cooperativa y no responden por sus maneras. Pero incluso Juan Medina, presidente de la Corporación de Servicios de Libertador, afirma que muchas veces éstas no son tan lineales como deberían: "Tienden a surgir jerarquías y se desvirtúa el espíritu de lo que deben ser estas organizaciones".

También Silfredo Zambrano, su antecesor en el cargo, reconocía en octubre pasado fallas en el sistema y hablaba de deficiencias que se originaban "en la falta de compromiso de los asociados y la viveza de cobrar sin trabajar" (El Universal, 19-10-2007, pág. 3-4).

El espíritu torcido

Para Sainz quien recibe la prestación de una cooperativa es moralmente responsable de todos los derechos laborales y sociales que ésta conculca, y mucho más si se trata de una autoridad.

Para él, el espíritu se perdió desde el momento en que se permitió el trabajo asociado (se les autorizó a contratar personal hasta por seis meses).

Y que, además, éstas no deben ser en ningún caso una carga para el Estado, pues se supone que son autogestionarias. Lo que ahora se ve es la formación sin ton ni son de cooperativas que lo único que buscan es sacarle plata al Gobierno. Son empresas que se disfrazan de cooperativas para ganar licitaciones. Saben que a los funcionarios les gusta oír la palabra "cooperativa" y se muestran recelosos cuando les hablan de "empresa".

Sin embargo, insiste en que son un movimiento válido ante las formas clásicas de empleo, y que el Estado debería atacar las deformaciones que en algunos casos están sufriendo.

Y que lo que nació como una ayuda al trabajador emprendedor no termine siendo una coartada para explotarlo mejor.


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