JAVIER BRASSESCO

EL UNIVERSAL

La demolición de las invasiones en la Cota 905, llevada a cabo por militares del Batallón Ayala (Ejército) y de la Guardia Nacional, continuó durante el día de ayer.

Los uniformados, que aseguran estar cumpliendo una orden presidencial, echaron abajo una vivienda de bloques que funcionaba como casa sede del Consejo Comunal Revolución y Patria y dos casas de madera, con lo que ya llegan a treinta los ranchos derribados.

Los invasores, un grupo de los cuales estuvo reunido durante todo el día con la Defensoría del Pueblo, se quejan de que nadie les mostró ni siquiera un papel que autorizara las demoliciones, además de que las mismas se hicieron sin que estuviera presente un fiscal ni un representante del Consejo Nacional de Derechos del Niño. Denunciaron también un excesivo uso de la fuerza durante el operativo.

Y no entendían cómo ahora el Gobierno va a demoler lo que antes propició. "Nos dieron más de 100 millones para hacer la casa comunal y otros 24 para una red de aguas blancas y negras. A las mujeres se les dijo que conformaran un batallón y así lo hicieron", dijo Giovanni Blanco.

Por su parte, Elizabeth Rojas denunció que los militares los han amenazado en secreto con derribarles sus casas si hacen mucho alboroto y si traen a la prensa o la televisión. Y que el día jueves a las seis de la tarde, justo después de que se fueran los medios, uno de ellos hizo un tiro al aire para frustrar un intento de sobrepasar un piquete de la Guardia Nacional.

Por último, aseguraron que están molestos también porque la Cota 905 ya tiene dos días trancada con alcabalas militares, lo que les ha impedido llevar a sus hijos a la escuela.

Quienes habitan los edificios que están al frente de la invasión, por su lado, esperan que se desaloje todo el sector, pues llevan ya casi dos años padeciendo los efectos de una invasión que cada vez crece más.

Una vecina del edificio Terrazas del Paraíso explica que ya existe una orden de desalojo emitida por el Juzgado 34 Ambiental en junio de 2006 (pues el área deforestada pertenece al parque recreacional Vicente Emilio Sojo), cuando la invasión apenas comenzaba, pero la misma jamás se cumplió: "Tenía que hablar el propio Presidente para que por fin hicieran algo".

Explicó que los vecinos ya habían agotado todas las instancias: trancaron la vía cuando comenzaron las deforestaciones hace exactamente dos años, y acudieron a Control Urbano, al Ministerio Público y a cuanta institución tuviera competencia en la materia. Pero todo había sido en vano.

Denuncian que las autoridades no sólo ignoraron la orden emitida de un juzgado, sino que algunas incluso alentaban la situación, y así vieron con impotencia cómo la Alcaldía Mayor les enviaba materiales, camiones mediante, para que construyeran más ranchos.

El deterioro de su calidad de vida ha sido total, y así las torrenteras de aguas de lluvia pasaron a convertirse en ríos constantes de aguas negras. Tenían que aguantar además música a todo volumen hasta altas horas de la noche y sus apartamentos ya no tenían vista hacia la montaña sino hacia un rancherío.

Esperan que todo este operativo que se está llevando a cabo no sea un circo y se lleve adelante de manera completa. Y que se cumpla también aquello que dijo el Presidente: "El interés de un grupo no puede estar por encima del interés de la mayoría".