CARACAS, lunes 11 de agosto, 2008 | Actualizado hace
MARIELA LEÓN
EL UNIVERSAL
El ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam),
Rodolfo Sanz, exaltó el convenio suscrito entre el Estado
venezolano y la empresa Rusoro para la explotación minera
en las parcelas La Camorra e Isidora, ubicadas en El Callao,
estado Bolívar, y que anteriormente estaban en manos
de la estadounidense Hecla Mining.
Señaló el funcionario que se ha alcanzado un "tremendo
acuerdo", por cuanto "hemos recuperado la soberanía sobre
las minas, permitiendo la participación del capital privado
internacional y resolviendo problemas sociales". Las comunidades
aledañas a las minas "tienen derecho a recibir los beneficios
de las riquezas que produce esa actividad".
Sanz destacó que esta semana reanudarán los trabajos
en las minas La Camorra e Isidora, esta última con "un
tenor de oro entre 50 y 70 gramos por tonelada. "Hemos conseguido
más de 26 millardos de bolívares en obras sociales
para los mineros de esas comunidades de El Callao", dijo.
A finales de junio, Hecla Mining anunció la venta de
sus subsidiarias en Venezuela a Rusoro, por 25 millones de
dólares, tras meses de especulaciones sobre la posibilidad
de que el Gobierno procediera estatizar esas operaciones mineras.
Con esta transacción, Rusoro aumenta su radio de acción
en esa región.
Al ser consultado sobre otros proyectos auríferos como
Las Cristinas y Las Brisas, que según la Cámara
Minera de Venezuela (Camiven) se encuentran paralizados, el
ministro Sanz aseguró que "sobre eso no quiero declarar
nada. En su momento se fijará una posición en ese
sentido".
Más diálogo
En la Asamblea Anual de Camiven se acordó exhortar al
Ejecutivo a sostener "un diálogo frecuente con el sector
minero, en la búsqueda de soluciones dirigidas a mejorar
su desarrollo y crecimiento".
El organismo insistió en que la actual Ley de Minas
"provee las herramientas para que el Gobierno desarrolle sus
programas mineros en cualquier escala; permite también
el adelanto de proyectos bajo la figura de empresas mixtas
en casos específicos, sin que el sistema mayoritario
del Estado sea obligatorio; pudiendo también tener el
Estado los controles en materias de interés nacional
que el mismo considere aún con una participación
de capital minoritario, requiriendo o estableciendo su aprobación
bajo una rectoría de mayoría calificada".
Y advierte que la función del Ministerio del Ambiente
"no debe ser la de frenar y limitar el desarrollo de los proyectos
mineros yendo en contra de la economía del país".
Mariela León
EL UNIVERSAL
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