MARIELA LEÓN

EL UNIVERSAL

El ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz, exaltó el convenio suscrito entre el Estado venezolano y la empresa Rusoro para la explotación minera en las parcelas La Camorra e Isidora, ubicadas en El Callao, estado Bolívar, y que anteriormente estaban en manos de la estadounidense Hecla Mining.

Señaló el funcionario que se ha alcanzado un "tremendo acuerdo", por cuanto "hemos recuperado la soberanía sobre las minas, permitiendo la participación del capital privado internacional y resolviendo problemas sociales". Las comunidades aledañas a las minas "tienen derecho a recibir los beneficios de las riquezas que produce esa actividad".

Sanz destacó que esta semana reanudarán los trabajos en las minas La Camorra e Isidora, esta última con "un tenor de oro entre 50 y 70 gramos por tonelada. "Hemos conseguido más de 26 millardos de bolívares en obras sociales para los mineros de esas comunidades de El Callao", dijo.

A finales de junio, Hecla Mining anunció la venta de sus subsidiarias en Venezuela a Rusoro, por 25 millones de dólares, tras meses de especulaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno procediera estatizar esas operaciones mineras. Con esta transacción, Rusoro aumenta su radio de acción en esa región.

Al ser consultado sobre otros proyectos auríferos como Las Cristinas y Las Brisas, que según la Cámara Minera de Venezuela (Camiven) se encuentran paralizados, el ministro Sanz aseguró que "sobre eso no quiero declarar nada. En su momento se fijará una posición en ese sentido".

Más diálogo En la Asamblea Anual de Camiven se acordó exhortar al Ejecutivo a sostener "un diálogo frecuente con el sector minero, en la búsqueda de soluciones dirigidas a mejorar su desarrollo y crecimiento".

El organismo insistió en que la actual Ley de Minas "provee las herramientas para que el Gobierno desarrolle sus programas mineros en cualquier escala; permite también el adelanto de proyectos bajo la figura de empresas mixtas en casos específicos, sin que el sistema mayoritario del Estado sea obligatorio; pudiendo también tener el Estado los controles en materias de interés nacional que el mismo considere aún con una participación de capital minoritario, requiriendo o estableciendo su aprobación bajo una rectoría de mayoría calificada".

Y advierte que la función del Ministerio del Ambiente "no debe ser la de frenar y limitar el desarrollo de los proyectos mineros yendo en contra de la economía del país".

Mariela León
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