JAVIER BRASSESCO

EL UNIVERSAL

El derecho a una vivienda, claro. Y a la alimentación, cómo no. Y a la educación, faltaba más. Respetados o conculcados, todos estos son al menos recordados, nombrados. ¿Pero acaso alguien se acuerda, alguien nombra, el derecho que tiene todo ciudadano de acceder a la justicia?

Fue este olvido culpable lo que impulsó a un grupo de abogados hace 5 años a trabajar con las comunidades, a hacer un esfuerzo para que los más humildes pudieran solucionar sus problemas legales. Tadeo Arrieche, miembro fundador de Avanzada Gremial, explica que desde hace ya muchos años los tribunales presentan problemas para atender al ciudadano de a pie, y la contratación de un abogado es un lujo que muy pocos pueden darse.

Estos abogados comenzaron así a reunirse con comunidades organizadas de Catia y Petare, las cuales les daban un panorama en cuanto a los problemas jurídicos de los habitantes de la zona, que casi siempre tenían que ver con la propiedad: falta de títulos, necesidad de redacción de títulos supletorios, terrenos sin dueño o enredos sucesorales.

Desde entonces elaboran jornadas de asesoría legal gratuita por lo menos una vez al mes para ayudar a que también los pobres tengan acceso a la justicia. Y no se trata de una única o esporádica visita a un sector, pues la idea es hacerle seguimiento a cada caso, y siempre cobrando poco o nada: "La asesoría es gratuita, pero la etapa de seguimiento de los casos y la tramitación en tribunales sí tiene un costo, aunque es mínimo. Siempre elaboramos fichas socioeconómicas de nuestros clientes, y en los casos más graves les exoneramos de pagar tarifa alguna", explica Arrieche.

Para Juvenal Alfaro, miembro del Centro Integral de Justicia (que también ha participado en estas jornadas comunitarias) la idea de trabajar en la calle y no sólo en un bufete nace de las clínicas jurídicas de las escuelas de Derecho, cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de tratar casos reales. "Nos dimos cuenta de que la gente está necesitada de jurisdicciones muy sencillas, y que para nosotros era fácil contribuir".

En los últimos tiempos han llevado adelante casos de organización comunitaria, pues un problema que tienen los consejos comunales es que no tienen una figura jurídica y por eso a sus integrantes les cuesta mucho que les reconozcan ante las instituciones privadas.

La idea ahora es atender casos de corte colectivo: cómo se puede actuar jurídicamente cuando alguien no es atendido en un hospital, por ejemplo, o cómo exigirle a los concejales que trabajen para resolver los problemas que hay en su jurisdicción.

La justicia siempre ha sido olvidada por el Estado. Que al menos los ciudadanos no lo hagan es el fin último de estos profesionales del Derecho.