El costo de la violencia que lleva a cobrar venganza en cualquier sitio público es el incremento de las víctimas que estaban de paso y que, quizás por una casualidad, terminaron asesinadas en una situación que les era ajena.

Sólo el fin de semana pasado, una venganza causó la muerte de tres personas en playa Candilejas, en Catia La Mar. Una de ellas nada tenía que ver con los asesinos, al igual que cuatro mujeres que quedaron heridas junto al bebé de once meses que recibió un disparo en la cabeza y cuya situación aún es delicada.

Fuentes del Ministerio de Interior y Justicia explicaron que la cifra de fallecidos por quedar en la línea hasta agosto de este año es de 112 personas. Pero en todo 2007 fueron 99 fallecidos por la misma causa.

Según fuentes de la Policía Metropolitana 249 personas resultaron heridas en medio de tiroteos, en especial en barrios de Caracas. Las fuentes aseguran que entre jueves y domingo, que son los días que se refuerza el Operativo de Seguridad Urbana, se registran en promedio 7 heridos en línea de fuego.

Pero como el caso de La Guaira, cada vez más los espacios públicos se han hecho escenario de este tipo de muertes, incluyendo locales nocturnos donde se supone hay un control para evitar que entren armadas.

Estado de indefensión Según el sociólogo Roberto Briceño León, director de la organización Observatorio Venezolano de la Violencia la falta de resguardo policial conlleva a que la gente se pregunte qué puede hacer para defenderse.

Explica que "hay venganzas entre individuos y las hay por los conflictos propios de la sociedad y porque no hay presencia policial para garantizar la seguridad de las personas". Los propios jóvenes en el barrio carecen de protección y sienten que no hay justicia así que la asumen por su propia mano.

En los estudios que ha realizado ha descubierto dos mecanismos: unos que usan la violencia para defenderse y otro en el que ellos creen que hace justicia; dos cosas que debe hacer el Estado. Según Briceño lo más común en las investigaciones que ellos realizan son los jóvenes que dicen que debieron comprar un arma y conseguirse unos amigos para defenderse.

Esta dinámica hace que esa violencia se traslada a cualquier lugar de la ciudad donde se encuentren, pues no hay una voluntad de hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos.

Briceño explica que la reciprocidad negativa implica: "Morir para vengar una 'culebra' propia o una heredada, muchos de los jóvenes consultados cuentan que tienen una obligación moral de salir a matar por la pérdida de un familiar".

Dice que el Estado debe tener políticas que garanticen la aplicación de la justicia, y en la familia debe haber una concepción de perdón, pero en el hogar actual no se da y que lo poco que podría ofrecer se enfrenta siempre con la realidad.

Pero para Briceño, el problema es el sistema de justicia; no se trata estrictamente de que las modificaciones del Código Orgánico Procesal Penal faciliten la salida de la cárcel de personas que no están listas para ingresar a la sociedad, no es la severidad de las penas como factor disuasivo, sino que la gente sienta que se va a aplicar la pena porque van a apresar al delincuente. A ésta se suma las complicidades, pues el policía siente que al delincuente lo van a soltar y, o no lo apresa o lo soborna.

El especialista dice que el eje de esta violencia es lo que una señora dijo en un grupo focal el fin de semana en Barquisimeto: "Mataron a dos de mis hermanos y quedaron como si fuera un enfrentamiento, se le ha pagado a la policía, pero los pobres no somos nadie y nuestros casos no se averiguan, el asesino vive a dos cuadras de la casa".

Laura Dávila Truelo
EL UNIVERSAL