La Guaira.- Rigoberta Luna sabe bien lo que es el dolor. Hace seis meses enterró al menor de sus doce hijos, quien falleció en una balacera en el barrio Ezequiel Zamora de Catia La Mar. Reconoce que el joven de 17 años tenía malas juntas, pero para ella era sencillamente un niño.

Asegura que ese dolor no se borra. Como tampoco se le olvida el trance amargo de ir a la morgue de Bello Monte a reclamar su cuerpo. Esperar dos días en una ciudad que, por lo demás, le era extraña. Y hasta pedir prestado para cancelar el traslado hasta su vivienda improvisada, donde por fin, realizaron el velatorio.

"Yo desconocía que ese trámite no se hacía aquí en Vargas. A otros vecinos les han matado sus muchachos y yo sabía que había que esperar, pero en las oficinas (del Cicpc) que quedaban en Maiquetía. Lo que más me impresionó de la morgue fue el olor asqueroso que se me quedó en la ropa y la soledad con que lo enfrenté, porque toda mi familia estaba en La Guaira" relata la mujer.

La realidad de Luna es la de centenares de familias varguenses desde marzo del pasado año, cuando la antigua edificación de la delegación del Cicpc, ubicada en la urbanización Vargas de la parroquia Carlos Soublette, fue demolida para dar inicio a la construcción de una moderna estructura que a la fecha no se ha consolidado.

De acuerdo con cifras extraoficiales, un promedio de 70 cadáveres mensuales son trasladados desde Vargas a la morgue de Bello Monte. Estos cuerpos no son sólo las de fallecidos por armas de fuego, sino también los fallecidos por accidentes de tránsito.

Sin plan B Voceros de la delegación regional del Cicpc no pueden dar mayores datos sobre la obra paralizada desde inicios de año, pues la misma es ejecutada directamente por el Ministerio de Interior y Justicia.

Sin embargo, sí reconocen que la ausencia de una medicatura forense para el estado costero es un problema serio, que no sólo perjudica a los familiares, sino hasta el correcto desenvolvimiento de las operaciones del cuerpo policial en la zona.,

"Es una fuerte complicación para la familia, que debe hacer los trámites en Caracas, pero también para la delegación, pues debemos utilizar de manera diaria a dos o tres funcionarios para realizar los traslados, en lugar de cumplir con otras funciones investigativas" explica el jefe de la Subdelegación del Cicpc-Vargas, comisario Jorge Anglade.

Anglade indica que hasta la construcción de la nueva sede, tanto familiares como funcionarios, deben adaptarse al traslado a Bello Monte. "Un plan B sería la propuesta de la Dirección Regional de Salud que puso a la disposición la morgue del hospital de Pariata. Sin embargo, no tenemos patólogos en la nómina de Vargas, lo que dificulta la solución".

En enero de 2009, el gobernador de Vargas, Jorge García Carneiro, prometió la contratación de dos forenses e igual número de patólogos como parte del Plan de Seguridad de Vargas. Diez meses después el anuncio no ha cristalizado.

Nadeska Noriega Ávila
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL