Nunca antes habían llegado a tal nivel de deterioro como ahora las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Después de una larga serie de encuentros y desencuentros los presidentes Uribe y Chávez han entrado en una fase de guerra fría con denuncias de espionaje, contraespionaje, inteligencia y contrainteligencia que involucra a militares y agentes secretos, de parte y parte. Pero esa situación, ya de por si alarmante, tiene su expresión más cruda en una guerra caliente que los habitantes de la frontera viven desde hace años sin que nada ni nadie pueda la industria del secuestro, la extorsión indiscriminada y el sicariato.

La masacre de los futbolistas en Chururú demuestra como ese proceso de descomposición, que no es estático y cada día crece más, obedece a no sólo a la ausencia de una estrategia de inteligencia y seguridad en el combate de la violencia y la anarquía, sino a una política de Estado que las permite y por tanto las alienta. Mientras en Colombia se desarrolla un manejo sistemático y permanente contra guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo (basta con revisar la prensa de ese país para toparse con reportes de combates y detenciones) en Venezuela las informaciones son al contrario y señalan como los irregulares armados hacen aquí lo que ya no pueden hacer allá.

Ya no se trata del aliviadero o el santuario venezolano, que acoge por tiempos limitados a los criminales, sino de una presencia continua y estable que los convierte en un Estado dentro del Estado, haciendo de jueces, de policías y de recaudadores de impuestos que garantizan la seguridad y los bienes de quienes se prestan al chantaje y hostigan a quienes se niegan a bajar la cabeza, ante la pasividad de las Fuerzas Armadas y de la policía.

El Vicepresidente Carrizales anota, sin aportar pruebas, que los jóvenes asesinados en Chururú eran paramilitares, para así descargar la responsabilidad del estado venezolano y justificar las muertes por tratarse de unos indeseables que quizás se merecían la suerte que les correspondió. Pero si la versión del señor Vicepresidente fuera cierta, en principio habría que descartar a los grupos paramilitares como autores del hecho, a menos que se estén matando entre ellos. De manera que todo apuntaría a fortalecer la hipótesis del gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, quien acusa al Ejército de Liberación Nacional.

Pero no se trata sólo del establecer las responsabilidades, encontrar a los culpables y someterlos a la justicia, sino de atacar el problema a fondo, dejar la pasividad y la complicidad criminal a un lado, defender a la población y combatir tanto a la guerrilla como a los paramilitares porque donde está la primera aparecen los segundos. Y ya se sabe que sin guerrilla no hay paramilitares.

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