Un notable incremento de la represión por parte de las autoridades venezolanas fue denunciado ayer por representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el 137 período de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Durante la audiencia sobre judicialización de la protesta social en Venezuela, Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el incremento en los juicios penales, el encarcelamiento de manifestantes y la prohibición de huelgas, informó AP.

De acuerdo con un estudio de esa ONG, en lo que va de año fueron reprimidas 139 manifestaciones públicas y en 60 de esas protestas hubo 461 heridos.

Indicó que durante el período 2004-2005 se realizaron en Venezuela 1.534 protestas, mientras que para el 2008-2009 hubo 2.893 manifestaciones. Por otra parte, 2.240 personas fueron sometidas a juicio por manifestar o participar en huelgas en los últimos cinco años.

"La gente se siente con derechos y se está movilizando, y lo que vemos es que la respuesta del Estado ha aumentado con violencia", dijo Carlos Correa, de Espacio Público.

Añadió que "vemos que hay un cambio en la política pública en relación con el tema de las manifestaciones de calle. Por un lado notamos que son más protestas, pero por otro estamos viendo una actitud mucho más represiva", declaró.

Otros temas Tres audiencias más se realizaron sobre Venezuela, dos de ellas privadas: Una sobre el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela y la otra relacionada con la institucionalidad democrática, grupos parapoliciales y cárceles en el país. La restante fue pública, se refirió a la situación de los derechos humanos y fue solicitada por el Estado venezolano.

En las audiencias privadas no hay representación del Estado, sólo están presentes los representantes de los entes peticionarios y los comisionados.

Correa informó que en la audiencia de libertad de expresión "lo que se hizo fue dar el contexto de todos los hechos que han ocurrido a lo largo del año".

En esa reunión participaron María Rico de Azócar, esposa del periodista Gustavo Azócar (quien permanece detenido); el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Nelson Belfort; el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría; el ex presidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao y Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

"Planteamos el tema de las agresiones a periodistas, como el caso de la Cadena Capriles y suministramos las informaciones sobre el marco regulatorio que se está aplicando", explicó el director de Espacio Público.

En la audiencia sobre institucionalidad participó la directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega y el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.

Carlos Correa recordó que la Comisión está preparando un informe desde hace varios meses sobre la situación en Venezuela "porque no hay posibilidad de una visita in loco". Ante esta realidad, las organizaciones no gubernamentales lo que hicieron fue suministrar información "que pueda ser útil para completar el informe".

Finalizadas las audiencias, un un grupo de estudiantes venezolanos abordó al representante del Estado ante la CIDH, Germán Saltrón. El estudiante Julio César Rivas dijo que quisieron explicarle al funcionario la situación, dado que el Gobierno "no tiene clara la realidad" del país.

Los estudiantes prevén hablar hoy en la American University de Washington para denunciar la "política represiva del gobierno de Hugo Chávez".

Reyes Theis
EL UNIVERSAL